LA HERENCIA COLONIAL.

El liberalismo español marcó un precedente en abril de 1820, mediante un edicto real que prescribía la instrucción cívica a partir de la enseñanza de la Constitución liberal de 1812, restablecida en marzo de aquel año. Así, los profesores utilizaron la carta magna como libro de texto para enseñar a leer y escribir. Este edicto llegó a la Nueva España en agosto, de modo que, en todo el reino español, se formó a los niños en torno a los valores políticos liberales.

Consumada la independencia en 1821, el gobierno imperial de Agustín de Iturbide también procuró la formación de los nuevos ciudadanos mexicanos: mantuvo las escuelas existentes y mandó hacer un catecismo político. Con el establecimiento del régimen republicano en 1824, en el artículo quinto de la Constitución política se delegó a los estados el fomento de la educación.

En 1823, como ministro de la junta de gobierno, Lucas Alamán hizo públicas sus ideas educativas en la Memoria del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores de 1823, que expuso de nuevo en 1830 durante la presidencia de Anastasio Bustamante, añadiendo que no se podían implementar por el sistema federal y que era necesario conservar los rasgos, instituciones, relaciones y características de la sociedad colonial que habían permitido su funcionamiento armónico.

En 1833, la primera generación de liberales mexicanos emprendió una importante reforma educativa que coincidía en buena medida con las ideas de los conservadores. Por medio del decreto del 21 de octubre de ese año crearon la Dirección General de Instrucción Pública, que pretendía establecer una dependencia gubernamental a nivel nacional que organizara y supervisara la enseñanza. Así, liberales y conservadores apoyaron el sistema lancasteriano, hicieron hincapié en la educación cívica y la doctrina cristiana, y promovieron la creación de escuelas normales.

En 1840 una ordenanza enfatizaba la enseñanza del catolicismo; para obtener su licencia, los preceptores necesitaban profesar esa religión y contar con un certificado emitido por sus párrocos de que frecuentaban los sacramentos. Tres años después, en las Bases Orgánicas que fungieron como texto constitucional y mantenían el régimen centralista se estableció que la enseñanza debía estar orientada hacia una finalidad religiosa, de manera que esta fue empleada como bandera de lucha para cuestionar nuevos planes de estudio y libros de texto, entre otros aspectos. En 1853, el gobierno decretó como obligatorio dedicar media hora por la mañana y media por la tarde a recitar la doctrina cristiana.

En 1857, solo 11 % de la población en edad escolar asistía a la escuela. Dos años después, durante la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez, por medio del manifiesto a la nación del 7 de julio de 1859, estableció que el gobierno liberal de la República procuraría que aumentara el número de establecimientos de educación primaria gratuitos, pues estaba convencido de que, mediante la instrucción, los pueblos podían alcanzar la prosperidad. Añadía que su gobierno promovería y fomentaría la publicación y circulación de manuales sencillos y claros sobre los derechos y obligaciones del hombre en sociedad.





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